En diciembre de 2017 y tras 7 años de espera, la Asamblea en Defensa del Vivero de Miramar le ganó el juicio a la Municipalidad de General Alvarado ya que la Justicia Federal declaró ilegal la edificación del complejo de cabañas Frontera Sur sobre una porción del bosque Dunícola a metros de la costa.
En ese contexto, el Juzgado Federal Nº 2 de Mar del Plata, a cargo de Santiago José Martín, dictó sentencia definitiva en el proceso judicial llevado adelante por un grupo de ciudadanos, a favor del reclamo de éstos, en cuanto a la suspensión de todo tipo de construcciones que estaban realizando en el Parador Frontera Sur y dentro del Vivero Dunícola “Florentino Ameghino” por el entonces concesionario, Luis Santi.
En su párrafo más importante, la sentencia indica: “… ORDENANDO al comendado Luis Santi la SUSPENSIÓN de las obras realizadas en el Parador Frontera Sur de conformidad con lo dispuesto en la medida cautelar. Otorgándole un plazo de 60 días para presentar ante las autoridades municipales la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto que fuera concesionado. En el caso de no presentarse la EIA dentro del plazo fijado en ésta sentencia, o presentada ésta no obtenga la autorización mediante la respectiva D.I.A, deberán dichas autoridades ordenar el DESMANTELAMIENTO de las obras realizadas sin autorización, en un plazo máximo de 60 días.”
Esta información causó revuelo y conmoción en la sociedad miramarense que a través de los años había visto como se avanzaba con las construcciones en un sector protegido del vivero municipal. Fue la decisión y la fuerza de una ONG que llevo adelante todo el proceso judicial hasta obtener la sentencia que hacia lugar a sus reclamos. Desde esa fecha hasta ahora no ha habido información oficial sobre el estado de la causa y la gente se pregunta: ¿Apeló el concesionario la sentencia? ¿Lo hizo la Municipalidad a través de su Dirección de Asuntos Legales?, ¿Se ha hecho el estudio de impacto ambiental?, ¿Se van a desmantelar las obras realizadas?, ¿Se siguen explotando comercialmente las cabañas?
¿Qué espera el Municipio para tomar medidas? Son algunos de los interrogantes que deberían responderse y aclararse. Porque se trata de un lugar emblemático de la ciudad y porque además ha habido una condena judicial que debe respetarse y que debe cumplirse.
Por eso creemos que la Dirección de Asuntos Legales o el Secretario de Turismo, deberían transparentar la situación, dar información que permita satisfacer la demanda de una sociedad ávida de transparencia de la cosa pública. Esperemos que alguna vez el Gobierno escuche la voz del pueblo que le pedía en esto tomara medidas. A pesar de ese pedido no tomó las medidas y tuvo que soportar una condena judicial que al final pagaran todos los contribuyentes.
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