Se llevo a cabo en el Consejo Escolar una sesión ordinaria, donde se considero la separación del Consejero Escolar Nicolás Martínez de Vedia, como Tesorero de la Institución, invocándose irregularidades en la gestión. Las mismas no fueron informadas, según trascendió y lo que se hizo saber que no se cumplió con ningún procedimiento administrativo que garantizara un derecho esencial a cualquier persona que va a ser juzgada o sancionada, que es el Derecho de Defensa. En cualquier ámbito público o privado la validez de un acto de estas características, tiene que cumplir con un procedimiento, donde la persona afectada pueda manifestar lo que considere necesario, es decir garantizar un debido proceso y el derecho de defensa.
No se entiende como se ha adoptado una determinación de estas características incumpliendo normas del Derecho Administrativo, pero también garantizadas por la Constitución de la Provincia y de la Nación y además por el Derecho Internacional.
Sin duda motivaciones políticas, aprietes del orden provincial, acuerdos espurios, presencias extrañas, intrigas palaciegas han sido las que han permitido tomar una decisión que tendrá consecuencias en el ámbito judicial pudiendo decretarse la nulidad de la sesión por la violación de normas esenciales en cualquier Estado de Derecho. Lo concreto es que continúa la crisis en el Consejo Escolar.