Inconstitucional Ordenanza Local

Declararon inconstitucional ordenanza que prohibía la pirotecnia en General Alvarado

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aries declaró inconstitucional una ordenanza municipal que prohibía la pirotecnia en el partido de General Alvarado. La norma había sido dictada por el Concejo Deliberante local y el máximo organismo de Justicia la declaró mal sancionada.

“Este fallo lleva un poco de tranquilidad a los miles de familias que viven de la industria de la pirotecnia. Es un haz de luz que esperemos siente precedente en todos los distritos del país. Prohibir no es nunca una solución”, aseguró Clay Jara Toledo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA) al Diario La Capital de Mar del Plata. Con el voto de todos los Magistrados se dispuso la inconstitucionalidad de la Ordenanza N° 220/15 de la Municipalidad de General Alvarado, distrito que tiene como ciudad principal a Miramar, que prohibía el uso de la pirotecnia en el partido.

La sentencia de la Corte bonaerense hizo lugar al planteo legal efectuado por la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA), amparado en la Ley Nacional N° 20.429 y su Decreto Reglamentario N° 302/83 que regulan la fabricación, venta y uso de productos autorizados en todo el territorio nacional.

El fallo toma relevancia ya que podría hacerse extensivo a todos aquellos municipios que ya dictaron ordenanzas similares, y que ponen en riesgo directa e indirectamente miles de puestos de empleo de la industria fosforera y de la pirotecnia.

Los trabajadores del sector entienden que se debe avanzar en una legislación que contemple el abanico completo de problemáticas y que dé respuestas concretas a los reclamos sobre la materia efectuados por movimientos ambientalistas, animalistas y familias que conviven con personas con trastornos del espectro autista, entre otros.

En ese marco, aclararon que “la intención del sindicato es llegar a un consenso y caminar juntos en una ley nacional que configure soluciones para todos los actores involucrados, siempre sosteniendo los puestos de trabajo”.