La obligatoriedad de realizar capacitaciones en género en todas las áreas del Estado obtuvo el acompañamiento de todos los bloques y fue girada al Senado. El proyecto de adhesión a la Ley Nacional 27499, que crea un Programa de Capacitación Institucional contra la violencia de género fue aprobado como primer tema en la Cámara de Diputados.
El proyecto fue presentado luego del femicidio de Micaela García, la joven de 21 años que fue violada y asesinada a la salida de un boliche, en Gualeguay, por un hombre que ya tenía antecedentes de ataques sexuales. La noticia del crimen de Micaela, luego de siete días de intensa búsqueda, en abril de 2017, generó una fuerte conmoción a nivel nacional ya que la joven participaba activamente del movimiento Ni Una Menos y militaba en el Movimiento Evita. Por el femicidio fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner, de 30 años.
Puntos principales de la Ley:
-Todas aquellas personas que trabajen en la función pública, en cualquiera de los tres poderes y cualquiera sea su jerarquía, serán obligatoriamente capacitadas “en la temática de género y violencia contra las mujeres”.
-Corresponderá al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), hoy a cargo de María Fabiana Túñez, hacer aplicar la ley. Será también quien se encargue de formar directamente a las máximas autoridades del Estado en la temática.
-En cada uno de los organismos estatales, las capacitaciones se harán en colaboración con sus propias oficinas de género, si ya las hubiera en funcionamiento. Para eso se crearán materiales y programas nuevos, o se adaptarán los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por “las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país”.
-El INAM controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones deberán estar en funcionamiento dentro del año de puesta en vigencia de la ley.
-A través de su página web, el INAM publicará información pública respecto al grado de cumplimiento de las formaciones contra la violencia de género en cada uno de los organismos del Estado. También realizará informes de seguimiento sobre su impacto.
-Será considerada como “falta grave” pasible de una sanción disciplinaria que algún empleado público se negase, “sin causa justa”, a participar de las capacitaciones.