Castraciones ilegales: riesgo para la salud pública y maltrato animal

Colegio de Veterinarios de la Pcia. de Bs. As.

Ante ciertos comentarios agraviantes sufridos, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires se ve en la obligación de aclarar nuevamente su postura favorable en relación a las castraciones masivas, gratuitas y obligatorias como una de las herramientas para alcanzar el equilibrio de la población de perros y gatos en el territorio bonaerense. Como profesionales del área, para la institución representa una obligación poder garantizar el bienestar animal, evitar el maltrato y preservar la salud de la ciudadanía, algo que sólo puede lograrse en la medida que estas prácticas se ajusten a la normativa vigente.
De esta manera, estos escenarios ilegales resultan propicios para la proliferación de zoonosis, es decir, de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por contagio con el animal. Por este y otros motivos, la ley 13.879 estableció que las castraciones quirúrgicas masivas deben desarrollarse en centros de zoonosis y/o antirrábicos municipales y provinciales. Además, el artículo 1 de la ley 10.526 dispone que “todo establecimiento donde se ejerce la medicina veterinaria, deberá hallarse previamente habilitado”. En concordancia, el decreto 154/89 – reglamentario de la ley 10.526- establece que los quirófanos deben reunir las condiciones edilicias, de equipamiento y funcionamiento establecidos en la Resolución N° 188/89 del Ministerio de Agroindustria, debiendo ser previamente habilitados por dicha Entidad.
El problema no sólo radica en que está en juego la salud humana, sino también el bienestar animal y maltrato animal. Los caninos y felinos castrados en estos lugares no habilitados no suelen contar con un control pre-quirúrgico que determine si se encuentran en condiciones de ser intervenidos o no, ni mucho menos con el seguimiento postquirúrgico adecuado hasta el alta quirúrgica. Asimismo, ningún profesional se hace responsable ante posibles complicaciones, quedando tanto el animal como el propietario en completo estado de desatención, en clara infracción a la ley 14.346. También se debe mencionar que en muchos casos los que realizan las intervenciones no son médicos veterinarios; y en caso de serlo y tener matricula del Colegio, los profesionales identificados son sancionados.
Por si fuera poco, conseguido de manera ilegal, a los animales suele suministrársele el anestésico Ketamina, cuando la resolución de SENASA Nº 812/11 obliga a adquirirlo mediante certificados que se obtienen en forma gratuita en el Colegio de Veterinarios. Según lo establecido, la compra y el uso de dicha droga debe registrarse en un Libro de Actas, encontrándose tanto la compra como el uso supervisado y registrado por el Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria (SENASA), algo que por supuesto, no sucede en estas castraciones.
Finalmente, desde el Colegio de Veterinarios instan a la población a no concurrir con sus caninos y felinos a campañas de esterilización masivas en lugares no habilitados, que deberían ser gratuitas, organizadas por entidades que dicen ser protectoras, ya que los mismos pueden no contar con las condiciones mínimas de bienestar animal y, peor aún, ser víctimas de maltrato animal.