El uso medicinal del cannabis comenzó a regir en Argentina en el año 2017, después de que el Senado aprobara una ley para que el Estado garantice el acceso al aceite de cannabis con fines terapéuticos.
La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un amparo colectivo en el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°2 de La Plata. Con dicha acción, apunta a que el Ministerio de Salud y el de Desarrollo Social de la Nación cumplan con la ley 27.350 y suministren aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis, de manera gratuita, a quienes formen parte del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, o bien bajo cargo para quienes no están dentro de este listado y tengan prescripción médica.
El Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, sostuvo que “este amparo es una respuesta a los reclamos que recibimos de asociaciones civiles, ONG’s y particulares, quienes expresaron que el gobierno nacional no cumple con la ley, lo que genera dificultades burocráticas y económicas para adquirir un aceite de cannabis que no se está produciendo en el país, situación que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos que deban llevar adelante las personas afectadas”.
En sintonía, aseguró que “son numerosos los derechos fundamentales que se encuentran comprometidos, pero particularmente la imposibilidad de acceder al cannabis medicinal a través del Programa viola los derechos a la salud, a la mejor calidad de vida posible y a gozar legítimamente de los beneficios del progreso científico”.
Además del incumplimiento por parte del gobierno nacional, la Defensoría cuestionó que los laboratorios de producción pública de medicamentos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) no están produciendo ni comercializando actualmente cannabis para uso medicinal, terapéutico y/o de investigación, y tampoco el INTA ni el CONICET se encuentran realizando tareas de investigación para con fines médicos y científicos.
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