Una ordenanza sin efectos

Nuevamente volvemos sobre el tratamiento que se le diera a un proyecto de ordenanza que remitiera el Poder Ejecutivo Municipal y que proponía una permuta entre un inmueble (manzana de tierra) en Otamendi y un inmueble en la mejor zona de Miramar calle 15 y 20 donde funcionaran dependencias municipales.

Se planteaba concretamente lo que se denomina una PERMUTA.
El art. 1172 del Código Civil dice así: “ARTICULO 1172.-Definición.” Hay permuta si las partes se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de cosas que no son dinero”.

Es indudable que si hay intercambio de bienes como el caso que plantea el Ejecutivo, estamos frente al Contrato de Permuta.

El art. 56 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece: Art. 56:”Para las transferencias a título gratuito, o permutas de bienes de la Municipalidad, se necesitará el voto de los dos tercios del total de los miembros del Concejo.

En estas mismas condiciones se podrá conferir derecho de uso y ocupación gratuita de bienes municipales a entidades de bien público con personería jurídica y a órganos del Estado Nacional, Provincial o Municipal.”

También determina con meridiana claridad que para realizar una permuta es necesario contar con los dos tercios del total de los miembros del Concejo. Es decir para su aprobacióndebió obtener en la votación del día 29 de diciembre 11 votos. Solo obtuvo 8 votos y ante el empate logro desnivelar la Presidente del Concejo que llevó a 9 votos. No alcanzo los dos tercios de los miembros del Concejo.

¿Cuál es la consecuencia de esta votación?: Ya lo ha establecido la Suprema Corte de la Provincia y resultan inconstitucionales. Ha dicho el máximo organismo judicial de la Provincia: “La manifiesta inobservancia del aludido requisito para la sanción de la ordenanza, reconocida por parte de la accionada, constituye una grave deficiencia en el procedimiento llevado a cabo, cuyos efectos impactan negativamente en la legitimidad de la decisión del órgano deliberativo adoptada en esas condiciones.

Desde que la irregularidad que esa circunstancia implica es susceptible de viciar el acto dictado en consecuencia, resulta inoficioso abordar los argumentos articulados por los actores en punto a la desproporción en el aumento de las tasas municipales y la afectación de sus derechos patrimoniales.”

En este caso se requería la mayoría calificada, como el caso de la ordenanza del inmueble. Dicha ordenanza no tiene efectos. Es nula por no haberse respetado las mayorías establecidas por la ley orgánica. Lamentable por los perjuicios que ahora o en adelante tendrá para el erario municipal y la responsabilidad que tendrán los funcionarios y los concejales si avanzan en un procedimiento viciado de nulidad.