Un verdadero desarmadero

El depósito de vehículos, motos, autos, colectivos que está instalado en el inmueble alquilado por el Municipio de calle 9 y 72 se ha transformado en un verdadero desarmadero.

Es que hace años se han ido apilando cientos de motos, decenas de autos y todo vehículo que se encuentre en la calle o secuestren los policías o inspectores de tránsito terminan arrojados en ese galpón que parece abandonado, atento las condiciones en que se encuentra.

Quien pase por ahí puede verificar como se desarman las motos, se le quitan repuestos a los autos, se deterioran y cada vez pierden más valor. Es que muchos de los propietarios no pueden pagar las exorbitantes multas y los dejan librados a la voluntad del Municipio.

Otros no tienen los papeles y ocurre lo mismo. Pero lo que tienen que saber las autoridades responsables es que no son propiedad de ellos, que no se pueden utilizar los repuestos para otras cosas, que en definitiva pertenecen al patrimonio municipal que debe hacer un procedimiento para rematarlos y obtener un valor que vaya a las arcas del Municipio y luego a obras de bien común.

Lo que ocurre es que no hay ningún control. No existe ninguna verificación de nada. Todo se pierde y se destruye. El Juzgado de faltas es el que convalida el secuestro y el Municipio es depositario. Pero nadie toma cartas en el asunto y quienes ahí están y terceras personas se llevan lo que queda de los vehículos para “vaya a saber que provecho”.

Las autoridades deben cumplir con la ley. Deben realizar la preservación de los bienes. Realizar un inventario pormenorizado, custodiarlos, tener la autorización del Concejo y disponer de los bienes para que no continúe la rapiña y se cuida la propiedad de esos cientos de vehículos.

Ese depósito no puede ser un desarmadero como lo es actualmente. Es un lugar del Estado Municipal en el que los ciudadanos deben tener la seguridad que se cumple con las normativas vigentes para preservar los bienes que son de los individuos y si no los retiran, no pasan al patrimonio del que primero se lleve un repuesto, sino que pertenecen al Estado Municipal.

Las leyes y las ordenanzas deben cumplirse. Los concejales que seguramente pasan por ese lugar deberían intervenir, inspeccionar el lugar y ayudar a que esto se modifique. Es parte de su función y de su obligación. Porque el control, frente a la inacción y desidia del ejecutivo municipal debe ejercerse con efectividad.