Juan Goldar, referente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (Atepcd), cuestionó duramente el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Denunció el congelamiento de aranceles, la precarización del sector y el riesgo de que miles de personas pierdan prestaciones esenciales.
El veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad encendió las alarmas en todo el sector que brinda servicios esenciales a personas con discapacidad. Uno de los actores más afectados es el transporte especializado, cuyos prestadores atraviesan una crisis económica que, según advierten, amenaza con dejar sin atención a miles de personas en todo el país.
“Nos tiene bastante ocupados y preocupados este tema del veto por parte del presidente Milei”, afirmó el marplatense Juan Goldar, representante de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (Atepcd). El dirigente explicó que, más allá del rechazo a una ley clave, lo que agrava la situación es la falta de actualización de los aranceles regulados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que permanecen congelados desde hace más de siete meses.
“Estamos trabajando como podemos. El trabajo se está precarizando porque los costos no están siendo cubiertos. Entre el combustible, las reparaciones y el mantenimiento del vehículo, es imposible sostener el servicio. Ni hablar de renovar unidades. Estamos cobrando un 70% menos del valor que correspondería hoy”, denunció Goldar.
Los transportistas no fijan sus tarifas, sino que dependen de lo que estipula el nomenclador nacional, un sistema de referencia que, en este contexto inflacionario, quedó completamente desfasado. “Estamos atados a un valor que está frenado y sin perspectiva de cambio”, agregó.
La situación no solo pone en riesgo la continuidad laboral de cientos de prestadores, sino que afecta directamente a las personas con discapacidad que dependen del transporte para asistir a centros de día, terapias o instituciones educativas. “Muchos colegas ya están dejando el servicio. Vemos la preocupación en las familias, en las caras de desesperación. Esto va a repercutir directamente en ellos”, advirtió.
Goldar también cuestionó los argumentos económicos detrás del veto presidencial: “El valor que se le paga a los transportistas no sale únicamente del Estado. Es una combinación entre el Estado y las obras sociales. Por eso no entendemos cómo puede representar una amenaza fiscal semejante”.
“La Ley de Emergencia en Discapacidad buscaba garantizar que las prestaciones sigan brindándose como corresponde. Ver que se veta, que se tira para atrás, que se manosea todo, nos genera cada vez más desesperanza. La preocupación es total”, concluyó.
Desde Atepcd, insisten en que si no hay una pronta actualización de los aranceles y una decisión política firme para proteger el sistema, el colapso será inevitable. Y el mayor costo lo pagarán, una vez más, las personas con discapacidad
