A raíz de la problemática por las usurpaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles en el Partido de General Alvarado, que constituye un fenómeno creciente con impactos jurídicos, sociales, ambientales, de seguridad y de ordenamiento territorial, el Bloque UCR que preside Fabián Barberini, presentó un Proyecto de Decreto convocando a una Jornada de trabajo en el recinto del Cuerpo Deliberativo, que incluya la participación de distintos organismos e instituciones, con el objeto de analizar una situación que se agrava día a día.
La presentación se ampara en el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 17 que consagra el derecho de propiedad disponiendo que “la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”, lo que impone al Estado la obligación de proteger la propiedad privada y garantizar su ejercicio efectivo.
El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1898, reconoce la propiedad como un derecho real que otorga a su titular facultades plenas sobre la cosa, incluyendo la defensa frente a terceros que la usurpen, y en su artículo 1902 establece que “la posesión de la cosa ajena no puede ser adquirida por el transcurso del tiempo, sino en virtud de título y modo que la ley reconozca”, reforzando la necesidad de protección frente a actos de despojo. Asimismo, el Código Penal de la Nación, en su artículo 181, tipifica el delito de usurpación y lo sanciona con prisión de uno (1) a tres (3) años, y en su artículo 183 prevé igual pena para el caso de inmuebles públicos, lo que evidencia la gravedad de estas conductas y la necesidad de abordarlas con seriedad.
Por su parte, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 41, reconoce el derecho de los habitantes a un ambiente sano, y en su artículo 47 establece que los Municipios son entes autónomos con facultades para dictar sus propias normas y ejercer el gobierno local, lo que les otorga competencias en materia de orden público, seguridad y protección de la propiedad.
Para esto se deberá convocar a organismos del Poder Ejecutivo, Ministerio público fiscal, fuerzas de seguridad, instituciones académicas, colegios profesionales, organizaciones barriales y de la sociedad civil, para analizar en conjunto propuestas que fortalezcan la prevención, la asistencia y el resguardo de los derechos afectados.
