Convocaron a una nueva concentración en Mar del Plata a la espera de que el Congreso trate la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Tres jornadas de paro y una concentración para volver a reclamar por la aprobación de la ley que declare la emergencia en discapacidad son algunas de las acciones de protesta que programaron para esta semana un grupo de prestadores de Mar del Plata que alertan por el estado de un “sistema que agoniza” y que requiere soluciones urgentes.
A un mes de la última concentración que llevaron adelante frente a la Municipalidad para reclamar la aprobación en comisiones del proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, este miércoles a la tarde prestadores de servicios de salud y asistenciales para personas con discapacidad volverán a manifestarse en el centro de Mar del Plata.
Será con una concentración que se había previsto como una vigilia a la espera del debate del proyecto en la Cámara de Diputados, aunque su tratamiento finalmente fue postergado, en principio, para la semana que viene.
Es que el proyecto de ley impulsado por el sector fue aprobado en comisiones hace un mes en medio de críticas del gobierno de Javier Milei que adelantó su rechazo a la iniciativa que, entre otros puntos, declara de interés público nacional los servicios de atención integral a personas con discapacidad, garantiza un financiamiento adecuado y actualizaciones mensuales de aranceles.
La jornada de visibilización fue convocada para este miércoles a las 17.30 frente a la Municipalidad en el marco de un paro de 72 horas a llevar a cabo durante el mismo miércoles, jueves y viernes.
“Convocamos a una vigilia masiva y federal en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y quienes trabajamos cada día para garantizar su atención, inclusión y calidad de vida. Esta acción forma parte de una movilización nacional y simultánea, impulsada por sectores independientes, autoconvocadxs, prestadorxs, familias y organizaciones sociales de todo el país”, convocaron desde el colectivo Prestadores Unidos MDP.
Según expresaron, las nuevas medidas de protesta representan “en grito desesperado por un sistema que agoniza” y reclamaron la aprobación de la ley “que brinde un marco legal claro y sostenible para continuar la tarea”.
En ese sentido, reiteraron algunas de las situaciones que hacen a la “alarmante crisis” que advierten sobre el sistema de discapacidad como no haber registrado aumentos de honorarios desde diciembre de 2024 a partir de la falta de actualización del nomenclador por parte de las Agencia Nacional de Discapacidad y como registrarse “retrasos en los pagos que llegan a contarse en años, haciendo inviable la continuidad de los tratamientos”.
Semanas atrás, desde el sector alertaron por un desfasaje de los valores prestacionales que en dos años ya supera el 158% en comparación con el proceso inflacionario. Así indicaron que a lo largo de 2024 los valores prestacionales aumentaron solo un 74,9% contra el 117,8% de inflación y a eso sumaron el desfasaje de 2023, cuando la inflación fue del 211,4% y la actualización arancelaria del 114%, y el atraso del 2025, cuando todavía ni siquiera obtuvieron aumentos frente a una inflación acumulada del 11,6%.
¿Qué dice el proyecto de ley que reclaman los prestadores? En su articulado declara la emergencia en el sector hasta el 31 de diciembre de 2027 y establece que en ese período se debe disponer una actualización mensual del valor de los aranceles y un “financiamiento adecuado y sostenible” de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, de la Agencia Nacional de Discapacidad y de los programas de atención médica además de fortalecer a los prestadores de la Ley 24.901 con la regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social.
Luego de que el expediente obtuviera dictamen en comisiones, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) respondió: en su descargo, como suele suceder, el gobierno de Milei apuntó contra el origen del financiamiento de las mejoras que plantea el proyecto -argumento que usó, por ejemplo, para dejar caer la mejora de las jubilaciones o del presupuesto universitario pero sin proponer alternativa- y también se excusó citando las deudas que también originó con el sector la política implementada por la gestión de Alberto Fernández, aunque ya había sido denunciada en su momento por el colectivo de prestadores.
