Para la entidad presidida por Ricardo Gil Lavedra, ambas propuestas resultan perjudiciales “a los intereses de los justiciables”
“Abrazar las ideas de la Constitución”. Así se titula el documento que emitió este jueves el Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal (CPACF), a cargo de Ricardo Gil Lavedra, en clara alusión a la constante invitación del presidente Javier Milei de “abrazar las ideas de la libertad”. El comunicado dio cuenta de las “innumerables modificaciones al régimen legal vigente” propuesto por el gobierno nacional mediante el dictado del decreto de necesidad y urgencia y el proyecto de ley “ómnibus” enviado al Congreso. Informó a su vez que “ya se le ha dado intervención a los Institutos del Colegio” para que “emitan opinión sobre los temas involucrados”. También rechazó “enérgicamente” los cambios propuestos en relación con las sucesiones notariales y el divorcio administrativo.
“El gobierno nacional, en el contexto de una grave crisis económica y social, ha impulsado innumerables modificaciones al régimen legal vigente, mediante el dictado de un DNU -N° 70/2023- y el envío de un proyecto de ley “ómnibus” al Congreso Nacional. Prácticamente no hay materia que haya quedado al margen del conjunto de reformas propuestas, y ello impactará en los derechos y obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas y, por ende, en el ejercicio profesional de la abogacía. Ya se le ha dado intervención a los Institutos del Colegio, a fin de que emitan opinión sobre los temas involucrados”, expresó la entidad porteña.
Luego subrayó: “Sin perjuicio del control de constitucionalidad a cargo de los jueces, los cuestionamientos acerca de una indebida asunción de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo, pueden ser reparados por el propio Congreso. Es necesario que se disipe, lo más pronto posible, la situación de incertidumbre existente, por medio del más amplio debate democrático. Ello permitirá dotar de legitimidad a todo el proceso”.
Y es que el gobierno de La Libertad Avanza envió este miércoles al Congreso el proyecto de Ley Ómnibus, que denominó de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, en honor al célebre texto de Juan Bautista Alberdi. La medida abarca una gran cantidad de asuntos y será tratada durante las sesiones extraordinarias, que comenzaron este martes y se extenderán hasta el 31 de enero.
Dos de las propuestas desarrolladas en las más de 180 páginas entregadas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, plantean cambios en las sucesiones y en la disolución del matrimonio. Según el Anexo IV y el artículo 352 del proyecto, respectivamente, los trámites sucesorios pasarían de la órbita judicial a la notarial, mientras que los matrimonios que decidan de común acuerdo disolver el vínculo solo deberán comunicarlo a las autoridades administrativas del Registro Civil, en un trámite que no requerirá la intervención de abogados ni jueces.
En ese marco, el texto de la CPACF dijo: “Con relación a los proyectos incluidos en la ley ‘ómnibus’ de sucesiones notariales y divorcio administrativo (…), rechazamos enérgicamente su sanción por resultar perjudicial a los intereses de los justiciables. El proyecto de divorcio administrativo no tiene en cuenta que son múltiples las cuestiones que se plantean en caso de una separación, y prescindir del asesoramiento jurídico deja en clara desventaja a la parte más vulnerable. Es imperativa entonces la presencia de un juez cuando se trata de establecer derechos o consecuencias legales, sólo así puede darse certeza y seguridad a las relaciones jurídicas”.
“La voz de la abogacía debe ser escuchada. La deliberación es un elemento imprescindible en la construcción del consenso democrático”, continuó la institución presidida por el ex diputado radical Gil Lavedra.
Para finalizar, el documento aseveró: “El progreso y desarrollo de la Argentina sólo será posible fortaleciendo las instituciones, con pleno respeto al estado de derecho. Según afirmaba Alberdi ‘la política no puede tener miras diferentes a las miras de la Constitución’”.
