El presidente de Obras Sanitarias, Carlos Katz, se refirió a los estudios realizados en aguas subterráneas y habló de una “campaña del miedo”.
Diferencias con las conclusiones alcanzadas por el INTA Balcarce y la imposición de una “campaña del miedo” fueron las definiciones del presidente de Obras Sanitarias, Carlos Katz, en su paso por el Concejo Deliberante, en relación a la problemática desatada por el agua contaminada en Playa Serena y su posible vinculación a infecciones en menores. Los resultados del análisis, asegura, cumplen con “normas nacionales” de seguridad.
Esta semana, el presidente de Obras Sanitarias, pasó por el recinto para brindar sus exposición en torno al Presupuesto 2022 de la empresa estatal que conduce, y respondió preguntas, una de ellas vinculada a la situación desatada en los barrios de la Ruta 11 sur a partir del hallazgo de agroquímicos en el agua de Serena, y la sospecha de que es una situación que no solo origina infecciones sino que podría replicarse en los barrios que, al sur del Alfar, se abastecen con agua de pozo.
Sin embargo, a la hora de referirse a los resultados del análisis -que arrojó que sobre 32 moléculas halladas, hubo 9 distintas correspondientes a plaguicidas o su producto de degradación- afirmó que las conclusiones negativas de los resultados se basan en algunas recomendaciones internacionales pero no en las vigentes a nivel nacional o países de la región. “No compartimos que la situación sea de tanta gravedad. No nos pidan que nos quedemos mudos cuando alguien dice algo que no compartimos. La Argentina tiene sus propias normas, sus propios límites, y ese análisis cumple con las normas para agroquímicos como el 2,4D. Es un valor que está por debajo de las normas nacionales”, afirmó el funcionario y sostuvo en otro tramo del discurso: “No compartimos con el INTA las conclusiones“.
Es que, según el Código Alimentario Argentino, son tolerables hasta 100 microgramos de 2,4-D por litro de muestra líquida (µg/L), en tanto que para la Comunidad Económica Europea (parámetros utilizados por el INTA Balcarce ya que consideran que Argentina “no tiene legislación actualizada para todas las moléculas analizadas”), el umbral tolerable de concentración de 2,4-D es de 0,1 µg/L y, aseguran, en este análisis fue superado.
Además, manifestó que hay una “campaña de miedo” alrededor del tema: “No compartimos la estrategia del miedo en este tema. Compartimos que hay un problema. ¿Hay que salir a decir que hay venenos y armas químicas en el agua que está tomando la gente? No, no lo compartimos para nada”, manifestó y aclaró que “nunca se negarían” a que haya un mayor control sobre potenciales usos contaminantes de agroquímicos. Además, recalcó que las tareas de monitoreo principalmente están a cargo de la Autoridad de Agua de la Provincia y que desde OSSE intentan articular.
También se refirió a la cuestión Marcelo Scagliola, gerente de Calidad de la empresa, quien aseguró que no solo monitorean al respecto al agua de red, sino también aquella que forma parte del acuífero y que miles de vecinos y vecinas extraen directamente. “Los monitoreos que nosotros hacemos, no solamente de nuestro propio sistema sino como parte del estudio del acuífero, no nos dan esto como un problema prioritario, sí como un problema a atender. Es una cuestión importante a atender es el monitoreo de agroquímicos cuando estamos en el cordón frutihortícola”, reconoció.
LA SOLUCIÓN ALTERNATIVA
Mientras a largo plazo se proyecta un “acueducto sur” que permitirá extender la red de agua, como solución alternativa -a un problema que de todas maneras no consideran prioridad por diferencias de parámetros- habló tal como lo hizo ante las y los referentes barriales, de la instalación de tanques comunitarios, como ya sucede en distintos barrios al sur, entre el Alfar y la calle 515.
“En algunos casos para la zona sur plantemos expandir esta estrategia de tanques comunitarios o tratar de identificar perforaciones con calidad de agua potable en clubes o sociedades de fomento y poner el tanque abastecido con agua propia“, señaló y enfatizó en el ahorro de costos que significaría no recargarlos con el traslado de camiones a los barrios.
En su exposición, además, Katz hizo énfasis en la necesidad de que quienes se abastecen de esa manera, lo hagan con pozos a profundidades recomendadas para tener el agua más segura posible, pero reconoció en que sus costos no son posibles de afrontar por la mayoría, tal como explicaban vecinas nucleadas en la Multisectorial por el Agua -conformada al calor de los acontecimientos- a Qué digital.
“Más que a la potencialidad de la contaminación, nosotros compartimos que hay una situación de vulnerabilidad social que está asociada a que no todas las personas pueden hacer un pozo con todas las normas de seguridad que se recomiendan. Tenemos casi la certeza que si uno lo hace con todas las normas de seguridad no va a tener un problema al acceso a agua segura. Pero sabemos que hoy convivimos con quienes no pueden invertir en un pozo con esas características”, analizó.
